A menos de tres semanas de asumir y sin muchas definiciones, el presidente electo Javier Milei dio numerosas entrevistas y dejó un título sobre Aerolíneas Argentinas. Aseguró, como venía adelantando durante la campaña, que va a entregar el manejo de la aerolínea de bandera “a sus empleados” para que juegue en un mercado aerocomercial de “cielos abiertos“. Para hacerlo, debe pasar por el Congreso aunque con menos limitantes que los que tendría una consesión de acciones de YPF. Los gremios aeronáuticos rechazaron la propuesta.
Aerolíneas Argentinas, dijo Milei, “tiene un personal muy calificado y unidades de negocio rentables. Hay que dejársela a los empleados. En un contexto de aumento de la competencia, los propios empleados van a expulsar a los que se dedican a hacer política en lugar de trabajar”.
Desde su estatización en 2008, por entonces en manos del grupo español Marsans, la compañía tomó la figura de Sociedad Anónima cuyo accionista casi total es el Estado. El “casi total” es porque, al momento de la estatización, se le dio a los empleados una propiedad participada, que significa que apenas un 0,00001422 por ciento está en manos de los trabajadores. De acuerdo con datos oficiales, hasta julio de este año trabajaban en Aerolíneas 11.920 personas.
A diferencia de YPF, que necesita un aval de dos tercios de Diputados y Senadores para lograr conceder las acciones del Estado (en este caso, al sector privado), la ley 26.466 de estatización de Aerolíneas declara la utilidad pública de las acciones de la empresa, pero no previó un mecanismo que limite la transferencia de aquellas acciones. Sin éxito, el oficialismo trató de blindar la Aerolínea de bandera cuando comenzó a aparecer la figura de Javier Milei como un candidato competitivo.
El diputado Máximo Kirchner presentó en agosto un proyecto de ley para que una potencial privatización de Aerolíneas requiera una aprobación de parte del Congreso mediante una mayoría agravada (de dos tercios de los miembros de la Cámara, igual que YPF). Pese a que la oposición se retiró del debate, el oficialismo consiguió aprobar el proyecto, que no ingresó al recinto porque no estaban los votos para la aprobación. Con todo, el proyecto de Javier Milei deberá pasar por el Congreso.
Los mismos de siempre
El plan de Javier Milei para la aerolínea es una bandera que viene flameando desde la campaña. Aparecen por lo menos dos apellidos detrás del plan. De acuerdo al diputado electo por La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch (h), la propuesta surgió de Benegas Lynch padre y “la adoptó Javier”. La idea no es novedosa: en la oleada de privatizaciones de los 90, el Estado utilizó el mecanismo de propiedad participada para neutralizar algunas demandas sindicales y ganar el apoyo de los trabajadores. Fue el caso de la Empresa de Comunicaciones Entel (el 60 por ciento de sus acciones se licitaron, el 30 por ciento las retuvo el Estado para ser vendidas en la bolsa y el 10 por restante quedó para los trabajadores).
En este caso, los trabajadores no se manifestaron púbicamente a favor de negociar la propuesta: “Entregarle la compañía a los trabajadores sería el certificado de defunción para Aerolíneas; porque él lo que planteó es entregar la empresa a los trabajadores, declarar cielos abiertos y retirarle los aportes del Estado. Y esta empresa sin los aportes del Estado no puede funcionar”, sentenció en declaraciones radiales el secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llanos, en respuesta a la idea del presidente electo.
La gestión de “cielos abiertos” fue implementada por Guillermo Dietrich durante su paso por el Ministerio de Transporte en la gestión de Mauricio Macri. Refiere a liberalizar mercados de transporte aéreos de países con los que se mantengan acuerdos bi o multilaterales, que resultan en minimizar la intervención gubernamental en los servicios de pasajeros, carga y combinados, ya sean regulares o chárter.
En 2018, Dietrich habilitó el ingreso de vuelos de las low cost y la
liberalización tarifaria total que estimuló la fijación de tarifas aéreas
artificialmente bajas para que, al estilo Uber, las empresas ganen cuota de mercado
haciendo dumping (una forma de competencia desleal ya que los productos se venden a un precio que no refleja fielmente su costo). Esta medida provocó que empresas como Andes Líneas Aéreas, de capital argentino que venía creciendo desde 2016, llegara a suspender operaciones en 2019 por falta de efectivo ya que no podía seguir los precios que estaban planteando las low cost recién llegadas. Un camino más errático realizó Norwegian, que resistió menos de un año en el mercado aéreo argentino.
No solo en términos económicos, sino también de seguridad “cielos abiertos es un concepto peligroso. Ninguna empresa privada vuela a destinos no rentables y menos en mercados no regulados. Además hay riesgo de minimizar la inversión en capacitación y mantenimiento, con consecuencias en términos de seguridad”, explicaba el ex comisario de abordo internacional y ex ejecutivo de Aerolíneas y Austral Martín G. Bermúdez en PáginaI12.
La importancia de Aerolíneas
Por la necesidad de financiamiento estatal – que en 2023 no fue necesaria, ya que Aerolíneas Argentinas no recibió aportes de capital durante el año- es el blanco más habitual de críticas de aquellos deseosos de achicar el Estado.
Sin embargo, la aerolinea representa una herramienta estratégica para el desarrollo nacional. En primer lugar, para la conectividad: es que AA opera en 39 destinos nacionales y cuenta con 48 intertramos federales que conectan distintos puntos del país sin necesidad de pasar por CABA. En 22 de esas 39 rutas solo opera la línea de bandera (a pesar de que las privadas tienen permiso para hacerlo).
“La importancia quedó demostrada en la pandemia”, explicó Bermúdez. Cuando los cielos internacionales estaban cerrados, Aerolíneas se encargó de buscar pasajeros varados en otros países, traer al país insumos sanitarios para la atención hospitalaria y, luego, las vacunas que compró el Estado.
Además, Aerolíneas tiene un acuerdo firmado con el INCUCAI y el Ministerio de Salud, que establece procedimientos para el traslado de órganos, tejidos, células y material para trasplante, así como también el movimiento de pacientes.