Guillermo Ferraro confirmó que será el ministro de Infraestructura del gobierno de Javier Milei. Su cartera concentrará las áreas de Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones. Afirmó que el enfoque será estimular la inversión privada y la “racionalización del Estado”.
El ministerio es nuevo, no existe actualmente, y está dentro de la racionalización del Estado, del sector público. Es la consolidación de los que hoy son ministerios, como Transporte y Obras Públicas, así como Energía, Minería, Comunicaciones“, anunció esta mañana Ferraro en declaraciones a radiales.
Dijo que “ya hay equipos trabajando” y detalló que el área energética estaría liderada por Eduardo Rodríguez Chirillo y que en Comunicaciones hay “un equipo bastante intenso, con gente que estuvo en Enacom“. “Tanto en ese área como en Obras Públicas y en Transporte van a estar a cargo personas muy probadas, conocidas, idóneas y confiables para el sector privado, con experiencia en el sector público”, agregó el futuro ministro.
Hasta abril pasado, Ferraro se desempeñó como director de la consultora KPMG Argentina. Anteriormente, fue funcionario en la Secretaría de Industria durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde entre 2002 y 2003; y más atrás en el tiempo, entre 1988 y 1991, fue subsecretario de Información y Telecomunicaciones de la provincia de Buenos Aires bajo el liderazgo de Antonio Cafiero.
“El Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado. Vamos a tratar de orientar, estimular e incentivar al sector privado para su inversión. El país tiene un atraso de más de 20 años en infraestructura en estas áreas y la inversión que hay que hacer para poner en valor la infraestructura del sistema y la nueva es tan importante en términos del PBI, 15 puntos anuales, que es imposible soportarla desde el sector público con el presupuesto público”, señaló Ferraro.
En este sentido, ejemplificó: “Casi todas las concesiones ferroviarias, energéticas, centrales hidroeléctricas, corredores viales, tienen su origen en los ’90, otorgadas por 20 o 25 años, vencieron durante los últimos ocho, y las administraciones no generaron nuevas condiciones. Todas estas obras están hoy en un porfolio de precariedad, de prórrogas, tenencias precarias, ya que desde mediados de 2018 casi no se hacen inversiones en la infraestructura existente porque el privado no sabe si va a continuar o no y tampoco se llamó a nueva concesión”, puntualizó.