Los errores en las escuchas y la decisión del juez de dejar fuera los delitos de corrupción y prevaricación sembraron la duda en Portugal sobre si la Fiscalía se precipitó con el caso que hizo dimitir al primer ministro António Costa, pero la investigación sigue abierta y todavía no se puede descartar una acusación.
El pasado 7 de noviembre Costa anunció que dejaba su cargo tras enterarse que estaba siendo investigado en un caso de supuesta corrupción en negocios relacionados con el litio y el hidrógeno, bautizado como “Operación Influencer”. “Las funciones de primer ministro no son compatibles con cualquier sospecha relativa a mi integridad. En estas circunstancias presento mi dimisión al presidente de la República”, declaró Costa ante la prensa.
Por este caso la Policía detuvo a cinco sospechosos, entre ellos el jefe de Gabinete de Costa, Vítor Escária –que tenía más de 75.000 euros escondidos en su despacho–, y su padrino de boda, Diogo Lacerda Machado. Además imputó a los ministros de Infraestructuras, Joao Galamba, y Medio Ambiente, Duarte Cordeiro. Sin embargo, el fin de semana se descubrió que la Fiscalía se había equivocado al transcribir una de las escuchas y había confundido al primer ministro con el titular de Economía, António Costa Silva. Seis días después de la dimisión, el juez instructor dejó libres a los cinco detenidos en la operación y consideró que no había pruebas suficientes de prácticas de corrupción y prevaricación.
La Fiscalía, cuestionada
Este giro de los acontecimientos generó dudas en Portugal sobre el trabajo de los fiscales e incluso muchos se preguntan si el primer ministro, al final, dimitió por nada. Hubo una precipitación de la Fiscalía al interpretar las escuchas”, aseguró a la agencia de noticias EFE el abogado portugués Pedro Falcão, quien, aun así, apuntó que es necesario esperar porque pueden surgir nuevas pruebas.
La “Operación Influencer” desató registros en más de 40 lugares, incluida la residencia oficial de Costa. Toda la documentación incautada tiene que ser minuciosamente analizada y la investigación sigue abierta. Así, no se puede descartar que la Fiscalía encuentre nuevos indicios con los que convencer al juez de que efectivamente se trata de un caso de corrupción.
La investigación se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, un proyecto para la construcción de un centro de datos, desarrollado por la empresa Start Campus, y otro de una central de producción de energía con hidrógeno, ambos en Sines. Portugal tiene las mayores reservas de litio de Europa y es además el mayor productor del continente, pero destina este metal a la industria cerámica y del vidrio. El litio puede ser utilizado para la fabricación de baterías eléctricas y es considerado clave en la transición energética. Las ONG ambientalistas y parte de la población local se opone a los proyectos mineros.
Sobre la investigación a Costa poco se sabe. La Fiscalía se limitó a informar en cinco líneas de un comunicado que varios sospechosos habían hablado de su supuesta implicación en el caso por desbloquear procedimientos y que hay una investigación autónoma sobre el primer ministro dimisionario abierta en el Tribunal Supremo. Varios partidos políticos instaron a que el Ministerio Público esclarezca las sospechas, al considerar que sería muy grave que un primer ministro haya dimitido si no son firmes. “No sabemos cuál es el tipo de delito que se está investigando”, recordó Falcão, por lo que es imposible saber si la decisión del juez instructor compromete la investigación sobre el socialista.
Respecto al error de transcripción en una de las escuchas, que se refería en realidad al ministro de Economía y no al primer ministro, Falcão mencionó que las equivocaciones de ese estilo no son inusuales, aunque subrayó que se podría esperar que la Fiscalía fuese más cuidadosa en una investigación tan importante. Por su parte, Costa negó haber cometido actos ilícitos, pidió disculpas y se distanció de su antiguo padrino de boda, al asegurar que un primer ministro no tiene amigos.
La institucionalidad y las elecciones
Sea cual sea su final, el proceso ya dejó un impacto negativo en la opinión pública. “Este caso claramente agrava la falta de confianza en las instituciones, porque estamos hablando no sólo del Gobierno sino también del poder judicial, con varias incongruencias en la investigación”, dijo a EFE la politóloga Isabel David. Falcão agregó que la Fiscalía debía haber sido más cautelosa, teniendo en cuenta que el caso afectaba a personas próximas al primer ministro y la relevancia que iba a tener en la vida política nacional. Las consecuencias ya son visibles, el terremoto político derivó en la disolución de la Asamblea y en la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente Marcelo Rebelo de Sousa para el 10 de marzo de 2024.
El jefe del Parlamento luso, Augusto Santos Silva, afirmó que las decisiones del presidente son legítimas, pero defendió que no son necesarias cuando hay una mayoría parlamentaria cohesionada y estable. “En la práctica significa que la Fiscalía, o parte de ella, puede determinar el tiempo de los mandatos políticos, el tiempo de la agenda política y el tema de la agenda política”, advirtió en una entrevista con el canal luso RTP. También le pidió a la Justicia que acelere la investigación. “Desde el 17 de octubre hasta el 10 de marzo van prácticamente cinco meses. Me parece tiempo más que suficiente para que la investigación sea concluida y el conjunto de los portugueses sepa de la única fuente de la que debe saber lo que realmente pasó”, alegó.
Tras la renuncia de Costa, que guiaba las riendas del Partido Socialista (PS) luso desde 2014, la formación tiene previsto elegir a mediados de diciembre a su nuevo secretario general, que será además el candidato a primer ministro en las elecciones de marzo. Los dos principales candidatos postulados son Pedro Nuno Santos, vinculado al ala izquierda, y el moderado José Luís Carneiro, visto como más continuista. El vencedor no solo tendrá que llenar el hueco que deja Costa, sino también deberá convencer al electorado de que el PS merece seguir en el poder después del estallido del caso de las supuestas irregularidades en los negocios de hidrógeno y litio.