Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida, un logro sin precedentes en la historia del país. Sin embargo, la consolidación democrática no ha sido suficiente para garantizar una vida digna para toda la población, especialmente en relación a los altos índices de pobreza e indigencia que aún persisten, fruto de las persistentes crisis económicas. Tampoco se ha logrado asegurar plenamente los derechos consagrados por la Constitución Nacional, incluido el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.
Durante décadas, el país ha padecido problemas ambientales que no han sido abordados de manera sistemática, a lo cual debemos ahora agregar la creciente crisis climática por la que atraviesa el planeta. Por ejemplo, la sequía extrema en 2022 afectó a la producción agropecuaria y produjo una caída del 3 por ciento del PBI, con pérdidas cercanas a los 25 mil millones de dólares.
Hay una estrecha relación entre la superación de la crisis social y económica en Argentina con la agenda ambiental. Sin embargo, esta agenda sigue lejos de las prioridades e incluso de las políticas públicas. Esto se ve reflejado en el presupuesto nacional, donde las partidas compatibles con el cuidado ambiental representan apenas el 0,5 por ciento de los gastos, mientras que aquellas destinadas a financiar a las actividades que perjudican al ambiente alcanzan al 8,2 por ciento. En el sector energético, por ejemplo, por cada peso asignado para impulsar las energías renovables, se asignan 184 pesos para la generación de energías fósiles.
En este contexto ambiental y político, cada año es más urgente diseñar e implementar políticas públicas para que la temática ambiental tenga el protagonismo que requiere. Sin embargo, ninguna de las candidaturas más votadas en estas elecciones parece reconocerlo. Peor aún, hay quienes proponen retrocesos en las escasas políticas ambientales ya vigentes, y alguno hasta se da el lujo de contradecir lo ya demostrado por la ciencia al negar que la existencia del cambio climático se debe al accionar humano.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) lanzamos un documento con las cinco propuestas de políticas públicas que consideramos fundamentales. Son políticas que deben darse en el marco de un amplio Acuerdo Socioambiental.
Para esto, es necesario contar con una fuerte impronta normativa, dado que la ley cumple un papel fundamental en la formulación de las políticas públicas ambientales. El Congreso de la Nación debe convertirse en un espacio clave para la consolidación y el fortalecimiento de este Acuerdo, que incluye entre sus proyectos prioritarios la incorporación de los delitos ambientales en el Código Penal, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica, la Ley de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Ley de Diversidad Biológica, una Ley de Plásticos que prohíba los plásticos de un solo uso, la Ley de Gestión de Envases y Responsabilidad Extendida del Productor, y la Ley de Trazabilidad de la Pesca.
La respuesta que pueda dar el gobierno electo el próximo 19 de noviembre a la problemática ambiental es fundamental para responder a las necesidades de una sociedad agobiada por la crisis.
* Director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)