Con el sindicato de trabajadores y trabajadoras del subte porteño a la cabeza, representantes de organizaciones gremiales y diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) presentaron un proyecto de ley para crear un “Sistema federal de gestión del asbesto“. La iniciativa prevé la elaboración de un “Plan marco de gestión del asbesto” para detectar y eliminar el material cancerígeno de los lugares de trabajo de todo el país. A su vez, incorpora herramientas de seguridad laboral y de asistencia a las personas que están expuestas al asbesto o que ya enfermaron por el contacto con el material.
El proyecto fue presentado oficialmente este jueves a las 10 de la mañana en el Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de una reunión organizada por el diputado y ex ministro de salud bonaerense, Daniel Gollan. Fuera del edificio del anexo, sobre Avenida Rivadavia, una pantalla mostraba la reunión a los y las trabajadoras que se acercaron al lugar. Junto a la pantalla, una bandera colgada en la boca de subte de la estación Congreso exhibía las fotos de los tres trabajadores fallecidos por exposición al asbesto: Jorge Bisquert, Jorge Pacci y Juan Palmisciano. “En el subte hay asbesto. El asbesto mata“, decía la bandera.
“Este es un problema que claramente debe tenerse en cuenta porque es un problema de salud de magnitud“, comenzó su exposición el diputado Gollan, encargado de ingresar el proyecto de manera oficial. “Es una sustancia que en el Siglo XX se usó durante décadas porque parecía un material maravilloso para una infinidad de usos, pero no se contempló que, con la degradación del material, se producen pequeñas partículas que vuelan por el aire y aspiramos“, precisó el diputado, quien agregó que “según la OMS, hoy el material está produciendo más de 107 mil muertes anuales y afecta a millones de personas en el mundo”.
Gollan remarcó que el proyecto presentado nace de la experiencia y el trabajo realizado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), que vienen llevando adelante un largo conflicto con el Gobierno porteño y la concesionaria Emova para que retiren el material cancerígeno de sus lugares de trabajo. “Nosotros todo esto lo aprendimos en el cuerpo. Los que trabajamos y nos metimos en esto vivimos mirando como con rayos X qué tiene asbesto y qué no, porque el glifosato de la ciudad es el asbesto: convivimos con él y no nos damos cuenta”, sostuvo Roberto Pianelli, secretario general del AGTSyP, que cerró la presentación.
El tema acá es entender de qué se trata esto y tener una política para sacarlo, por eso el proyecto apunta a que entendamos con qué estamos conviviendo”, continuó Pianelli, que aseguró que en la AGTSyP ya registran más de 80 trabajadores afectados por el material y nueve personas con cáncer. Además de Gollan y Pianelli, de la presentación participaron el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, la secretaria de Asuntos Jurídicos de Uocra, Marta Pujadas, la subsecretaria de Medioambiente de Trabajo y Salud Laboral de la CTA, Lilian Capone, y el ingeniero experto en asbesto, Armando Chamorro.
El objetivo principal del proyecto de ley es la creación de un “Sistema federal de gestión del asbesto instalado“, que estipule, primero, la elaboración de un mapeo federal de los lugares en los que se encuentra el material. Con esa información, precisa el proyecto, se conformaría un registro nacional “de orden público, único y compartido,
que permita conocer la ubicación, cantidad y estado del asbesto instalado, y elaborar políticas
en la materia”, garantizando la confidencialidad de los datos recabados. Todo esto daría paso a la puesta en marcha de un plan de gestión de asbesto, con “diagnóstico de la situación, estrategia general y alternativas de solución propuestas para
su eliminación en el territorio nacional“.
La iniciativa también prevé bajar el valor máximo permitido, actualmente fijado en 0,1
fibras de asbesto por centímetro cúbico de aire. “No es un nivel seguro y la exposición a las actividades laborales que impliquen contacto con asbesto debe reducirse lo más cercano a la única dosis segura: cero fibras“, advierte el proyecto, que agrega que “la evidencia científica ha demostrado que el asbesto no tiene un nivel de exposición seguro“. Sin embargo, como paso previo a la eliminación total del material, la iniciativa prevé establecer un primer valor máximo de referencia que pase de 0,1 a 0,01 fibras por centímetro cúbico.
Por otro lado, el proyecto busca crear un “Registro de Personas Expuestas al Asbesto“, con datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, del Registro de Agentes de Riesgo y de las
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. El registro permitiría consolidar así una vigilancia médica adecuada para las personas en riesgo, descubrir los daños a la salud del material y evaluar metodologías de prevención, de tratamiento o de
rehabilitación para los ya enfermos.
La iniciativa precisa que esas disposiciones alcanzarán a trabajadores y trabajadoras de rubros que “estén
expuestos a fibras de asbesto o de materiales que lo contengan“: trabajos de demolición de construcciones, de desguace o desmantelamiento de elementos, de mantenimiento y reparación, de transporte, tratamiento y disposición final de residuos que contengan
amianto, y de plantas de rellenos autorizados para residuos de amianto.