La entrega de un pasaporte express al narcotraficante Sebastián Marset desencadenó un sacudón al interior de la alianza oficialista, cuya primera cabeza en caer fue la de la vicecanciller Carolina Achela en diciembre, la semana pasada la del canciller Francisco Bustillo y días después la del ministro del Interior, Luis Alberto Heber; la de su segundo en la cartera, Guillermo Maciel; y la del asesor del Presidente, Roberto Lafluf.
Daniel Chasquetti es Doctor en Ciencia Política y Titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República (Udelar), de Uruguay. En diálogo con PáginaI12, analiza la situación que atraviesa el gobierno, y critica las actitudes del Presidente Luis Lacalle Pou y los funcionarios implicados en la entrega del pasaporte.
¿Qué dejan en Uruguay los recientes cambios en el gobierno?
La renuncia de estos cuatro jerarcas debilita mucho al gobierno. Sin embargo, le permitió a los partidos de la coalición volver a hablar, estaban todos en silencio. Salvo Cabildo Abierto, el resto están todos contentos diciendo: “qué líder es nuestro presidente”. Están maravillados, pero en la opinión pública está todo mal. La gente se quedó con la sensación de que hay ocultamiento y alguna mano oscura, que alguien recibió una coima. Vos vas a cualquier lugar y la gente está hablando de eso. El lunes fue a declarar el abogado del narco, Alejandro Balbi, y después va a seguir desfilando gente. O sea, me parece que van a seguir surgiendo noticias sobre este punto y el Gobierno la está pedaleando como puede.
¿Cómo vio la actitud de Lacalle Pou a la hora de explicar la situación del pasaporte en la conferencia de prensa del sábado?
Por un lado, echó a todos los que están implicados. En ese sentido está bien, a mí me parece que es una medida inteligente, y era lo que pedíamos todos, la opinión pública, la oposición. Pero, por el otro lado, no se excusó de nada. Es decir, el Presidente creó un relato donde todo está bien, un relato de fantasía, y eludió las cuestiones más complicadas, como su responsabilidad en el episodio donde se destruyó evidencia.
¿Por qué no anticipó su regreso de la cumbre realizada en Estados Unidos para atender la problemática?
Lo estamos discutiendo entre colegas. Me parece que es obvio que lo que quiso él es ganar tiempo, pero por otro lado me parece que generó un efecto negativo, porque las noticias que se conocieron fueron muy duras y generaron mucha decepción dentro de los diputados y senadores de la coalición de gobierno. Cuando los dos ministros fueron interpelados en el Parlamento, se reunieron previamente y diseñaron una estrategia para ocultar información. No compartieron eso con la bancada de senadores del oficialismo que los defendió a capa y espada. Entonces, toda esa gente se sintió bastante frustrada. Yo creo que eso se podría haber evitado si Lacalle Pou hubiese vuelto rápido.
Es una crisis política de envergadura…
Claro, es una crisis política, pero también hay una crisis institucional. Es una crisis política porque, en verdad, el gobierno está tremendamente complicado. Primero, le mintieron al Parlamento. Segundo, destruyeron pruebas relacionadas a una investigación judicial. Tercero, la coalición está crujiendo, puede llegar a romperse. Los socios de Cabildo Abierto, que es el más díscolo de la coalición, vienen marcando diferencias. Es un partido de derecha, pero tiene una raíz populista, por lo tanto ellos están muy preocupados con la situación. Entonces es una crisis política porque tiene un efecto muy fuerte sobre la credibilidad del gobierno, pero también es institucional porque se están violentando procedimientos institucionales, implica al Presidente y se mintió al Parlamento, lo que es considerado como una falta grave.
El oficialismo también fue noticia por la imputación con prisión preventiva del ahora exsenador Gustavo Penadés por presunto abuso de menores y el espionaje del excustodio presidencial a senadores del Frente Amplio. ¿No son muchos casos en poco tiempo?
Sí, es cierto y eso es lo que más preocupa. Es decir, no hay día en el que no nos enteremos de algo nuevo, pero me parece que todavía falta mucha investigación por parte de la justicia. Yo no quiero arriesgar hipótesis que desde luego no pueda confirmar, pero digamos que ninguno de los hechos son aislados ni están divorciados. Hay conexiones y me da la impresión de que en el gobierno hay determinadas personas o grupos que tienen una visión del ejercicio del poder que está reñida con la ética pública.
Teniendo en cuenta el caso del pasaporte a Marset, ¿cuál ha sido la situación del narcotráfico desde que Lacalle Pou asumió la presidencia?
En todos los rankings internacionales Uruguay está situado como una democracia plena, como un país donde la justicia funciona, como un modelo ejemplar. Yo creo que eso nos ha hecho mucho daño porque hemos bajado la guardia. Lo que tenemos desde el fin de la pandemia es un conjunto de episodios que nos indican que el narcotráfico avanzó en Uruguay rápidamente, influyendo fuertemente en determinados ámbitos políticos e institucionales. Por ejemplo, se está investigando a jueces que le dieron prisión domiciliaria por razones de salud a narcos que luego se escaparon y tenemos muchos casos de tráfico de toneladas de cocaína detectados: por uno que detectás hay nueve que pasan, estadísticamente es así. También se debilitaron algunas instituciones, como la Junta de Transparencia y Ética Pública, que es una junta que evalúa el proceder de los funcionarios públicos. Entonces, Uruguay dejó de ser esa isla donde a lo sumo se le podía acusar de que se lavaba dinero. Ahora se lava dinero, es un país de tránsito y también tenemos un avance del narcotráfico en su influencia. El pasaporte de Marset es un ejemplo porque se tramitó a
toda velocidad, hay jerarcas que tomaron decisiones que son difíciles de
explicar.
Entrevista: Axel Schwarzfeld