El juez en lo criminal y correccional Javier Feliciano Ríos ratificó los términos y los tiempos de las condenas para César “Chino” Arakaki y Daniel Ruiz, acusados por su participación en la movilización del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional votada ese día en el Congreso. “Siento que me quieren meter preso lo antes posible, nos queda un recurso más, ya habíamos presentado uno pero lo rechazaron en tiempo récord, eso nos parece extraño, haremos una campaña porque es muy grave esto”, dijo Arakaki a Página/12. “Es la primera vez en 40 años de democracia que un manifestante de un partido político que fue reprimido tiene que ir a la cárcel acusado de intimidación pública, estamos en estado de alerta”, agregó el actor y militante del Partido Obrero.
En tanto, Ruiz queda en libertad porque cuando fue detenido pasó 13 meses encarcelado en el penal de Marcos Paz. “Se toma por cumplida la condena porque el Código Penal dice que si la pena es hasta tres años se otorga la libertad con 8 meses de cumplimiento efectivo”, apuntó el militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) a este diario.
La Cámara de Casación había confirmado las condenas dictadas por el propio juez Ríos en noviembre de 2021 por los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad, por los incidentes ocurridos durante la masiva protesta contra la reforma previsional que impuso el gobierno de Macri en 2017. Arakaki también fue condenado por lesiones en ocasión de agresión contra el policía Brian Escobar, y recibió tres años y cuatro meses de prisión. Sin embargo, la querella del oficial se retiró de la causa y quedó la acusación solo en manos del fiscal Juan García Elorrio. A Ruiz le dieron 3 años de cárcel. “Tras la confirmación de Casación presentamos un recurso extraordinario que fue declarado inadmisible, y la semana pasada acudimos con un recurso de queja ante la Corte Suprema”, dijo a Página/12 Martín Alderete, abogado de Ruiz.
En su momento, Claudia Ferrero, abogada de Arakaki había expresado que “es una sentencia arbitraria de un tinte ideológico porque al policía que atropelló con una moto a un manifestante hiriéndolo gravemente le dieron tres años en suspenso, en cambio Arakaki y Ruiz tuvieron prisión efectiva, eso muestra que hay una persecución de autor, una elección de con qué vara se juzga a un manifestante y con qué vara a un policía”. Asimismo, el abogado Alderete había manifestado que “para que exista intimidación tiene que haber una acción que provoque pánico generalizado, como decir que va a explotar una bomba”. De hecho, las estampidas ocurridas en las inmediaciones del Congreso se originaron en los gases lacrimógenos del operativo represivo.
“Ahora estoy acá en el escenario pero puedo volver a la cárcel”, decía meses atrás Arakaki en el teatro Hasta Trilce: en su rol de actor, junto a Luciana Morcillo e Iván Moschner, puso en cartel su obra Tintorero, la historia de un hombre que juega con su hijita en el tiempo que tarda en prepararse el arroz. “Balas de goma usan los buitres para despejar disturbios en la aldea. Si te dan en el ojo te lo sacan. Te pueden matar también. En mi caso, 14 me tiraron”, expresaba en una parte del unipersonal.
Pedido por Arakaki y Ruiz
Los compañeros de estos dos militantes criminalizados están juntando firmas para exigir su absolución. Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices advirtieron que “recientes resoluciones judiciales ponen al actor César Arakaki al borde de la cárcel, por su participación en la manifestación contra la reforma previsional del Gobierno macrista en diciembre de 2017, de la cual nuestro sindicato participó y que culminó con una represión feroz que dejó decenas de heridos. Tras marcar que el proceso estuvo “plagado de irregularidades”, la condena “acaba de ser refrendada por el juez, a pesar de que la Cámara de Casación pidió su revisión”. La AAA consideró que “se llega al extremo de encarcelar, con una intención claramente ‘ejemplificadora’ a una persona cuyo único crimen fue expresarse libremente contra una medida de Gobierno”.
Por su parte, el PO declaró que “esta ratificación apunta a hacer efectiva una condena sin pruebas, arbitraria y que representa un enorme retroceso para las libertades democráticas en el país”. Tras llamar a apoyar la causa por la absolución y a movilizarse, el partido trotskista expresó: “Las movilizaciones masivas de diciembre de 2017 fueron una reacción masiva frente a una ley confiscatoria contra las jubilaciones. Con esta sentencia, se pretende golpear la capacidad del pueblo argentino de luchar contra este tipo de reformas”. Además, se pronunció el sindicato docente porteño Ademys en el mismo sentido y convocó a una marcha para el jueves 9 de noviembre.
