El recién renunciado ex canciller Francisco Bustillo reconoció este viernes ante la justicia uruguaya que le dijo a su entonces vicecanciller que perdiera su celular, pero intentó aclarar lo habría dicho “figuradamente”. El celular contenía chats comprometedores vinculados a la entrega express de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset el 30 de noviembre de 2021, cuando éste estaba preso en Emiratos Árabes.
Este tema tiene alborotada la política del país vecino desde hace meses. El escandalo se reavivó esta semana al trascender otra serie audios comprometedores para el ex canciller, lo cual lo llevó a su renuncia y a tener que presentarse ante el fiscal de Delitos Económicos de 1er Turno, Alejandro Machado. Mientras tanto, el presidente Luis Lacalle Pou se encuentra en Estados Unidos y se aguarda su regreso con expectativa.
Al salir de declarar, Francisco Bustillo entregó a la prensa un comunicado y se retiró sin hablar. En el texto se defiende planteando que efectivamente, le había dado instrucciones a la ex subsecretaria de la cancillería, Carolina Ache, para que perdiera el celular, pero lo habría hecho “figuradamente”. Para entender esta insólita declaración que parece inculparlo mas de lo que lo exculpa, hay que retroceder un poco en la historia.
Los contactos del narco
Todo comenzó a complicarse para el Ejecutivo uruguayo esta semana, cuando la Justicia citó a declarar a los funcionarios involucrados en la entrega del pasaporte y estos comenzaron a sacarse la pelota de encima e involucrar a otros. Ache dijo que fue presionada para emitir el pasaporte y que todos sabían que iban a darle el pasaporte a un narcotraficante. Así involucró a Bustillo, hablando de una reunión en la que ella participó, enumerando a todos los que estaban presentes para tratar el caso del pasaporte. Ella entregó los audios a la justicia y luego se filtraron a la prensa.
En esos audios Bustillo le sugería a Ache que “perdiera” el celular para no entregar a parlamentarios de la oposición y a la justicia, la información que habían pedido sobre el pasaporte para Marset, que le permitió salir de Emiratos Árabes Unidos cuando fue liberado.
Bustillo renunció el miércoles luego de una conversación telefónica con el presidente Luis Lacalle Pou. Antes, el semanario Búsqueda había divulgado audios en los que Bustillo hablaba con Carolina Ache, quien renunció el año pasado cuando se conoció que el Gobierno le había dado el pasaporte a Marset estando preso.
Además, Ache dijo el miércoles en la Fiscalía que uno de los funcionarios más cercanos al presidente, Roberto Lafluf, asesor en imagen y comunicación de la Presidencia, destruyó un acta que mencionaba los audios filtrados un noviembre que demostraban que el gobierno sabía quien era Marset al momento de otorgarle el pasaporte y que en una reunión de altas autoridades, se decidió omitir información. Representantes de todo el arco político uruguayo han demandado la renuncia de Lafluf, que hasta elmomento no ha ocurrido.
Bustillo dijo en una carta tras renunciar el miércoles que no mintió en la interpelación parlamentaria que hubo después de que se divulgara la noticia del pasaporte el año pasado, que no sabía de la tramitación del pasaporte a Marset porque estaba de viaje y que del tema se ocupó Ache. Dijo que Ache “descontextualizó conversaciones y obró de mala fe”. Y agregó: “Para aventar toda suspicacia que como jerarca pudiera ejercer cierta injerencia sobre terceros, amparado en las prerrogativas del cargo, me permito informar que es tal mi tranquilidad, que he presentado la renuncia respectiva”.
Sin embargo, en los audios filtrados en noviembre, el subsecretario del Interior Guillermo Maciel, le había advertido a Ache que Marset era “un peligroso narcotraficante”. Y Ache asegura que le transmitió esa información a Bustillo y que cuando Bustillo le sugirió que la ocultara de la justicia y del parlamento, ella renunció.
Ache declaró el miércoles en la justicia que le pidieron que destruyera los audios de su teléfono que ya estaban en la investigación administrativa por el caso Marset y entregó los audios con mensajes que recibió de Bustillo y del asesor presidencia, Roberto Lafluf, donde le indicaban que ella debía perder el celular.”Yo fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa. Y paradójicamente, no fue por haber hecho algo incorrecto ni por haber hecho algo ilegal. Todo lo contrario. Fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la Justicia y por haberme negado a cometer un delito”. Ache repitió el miércoles que no tuvo “ninguna” participación en el trámite por el pasaporte, salvo el hecho de haber avisado a la oficina a cargo del trámite “que se trataba de alguien peligroso“, según le había advertido Maciel, número dos del Ministerio del Interior. Y remató diciendo: “De lo que me doy cuenta después es de que todos ya sabían de qué se trataba, mucho antes que yo”.
El confuso descargo de Bustillo
En el comunicado a la prensa de este viernes, Bustillo dice que las conversaciones entre Guillermo Maciel y Carolina Ache eran privadas y no constituían una documentación oficial. Dijo también que él tomó conocimiento de las mismas horas antes de la interpelación ante la justicia, y por eso dispuso una investigación administrativa.
Bustillo dijo textualmente: “Cansado de esos reiterados y continuos planteos de Ache, y para terminar con este diálogo que en nada me vinculaba, es que le dije figuradamente que “perdiera” el teléfono en la conversación que ella subrepticiamente grabó, aislando y descontextualizando lo que venía sucediendo en todo ese tiempo, durante el cual me planteaba constantemente sus dudas”.
En otro párrafo del comunicado, Bustillo se lava las manos diciendo que “cuando se expidió y entregó el pasaporte de Marset, era la propia Ache quien estaba ejerciendo como Ministra de Relaciones Exteriores, dado que yo me hallaba en Misión Oficial en el exterior, como fue acreditado en Fiscalía. En definitiva, la tramitación del pasaporte por parte del MRREE fue ajustada al marco normativo vigente… Finalmente, reitero que no solo no tuve participación alguna, ni tan siquiera conocimiento de la tramitación del pasaporte del señor Marset. En el Parlamento, no falté a la verdad”.
En concreto, Bustillo dijo que la Cancillería no se apartó un centímetro de la normativa sobre expedición de pasaportes y que no había impedimentos legales para otorgar el pasaporte de Marset. Y agregó que la cancillería se enteró después de que Marset era buscado por la Justicia paraguaya, algo a todas luces falso. Y fue tajante en el hecho de que “el nombre de Marset no me significaba nada en ese momento”.
Quién es Marset
Las autoridades policiales de Brasil, Uruguay y Paraguay están tras los pasos de Marset, señalado como posible autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en Colombia. Desde hace años, Marset elude a la justicia de estos países gracias a documentos falsos y recientemente logró huir de las autoridades bolivianas, quienes lo ubicaron en la localidad de Santa Cruz, luego de meses sin que se supiera sobre su paradero. Algunos lo consideran el narcotraficante más buscado del cono sur. Marset estuvo preso en Dubái a fines de 2021 por portar un pasaporte paraguayo falso y pudo salir en libertad luego de que su abogado tramitara un pasaporte uruguayo. La gran pregunta es qué contactos tenia el narco en los más altos niveles del gobierno de Lacalle Pou, algo que está quedando en evidencia.
El tema escala hasta la cúspide del poder. El opositor Frente Amplio está exigiendo la renuncia de Luis Alberto Fontana, Ministro del Interior. Consultado sobre su posible renuncia, Fontana dijo que esperará “a que venga el Presidente para hablar”. Pero las sospechas llegan aun más alto. Según Ache, el 25 de noviembre del 2021 Lafluf la convocó a una reunión y le pidió que borrara los chats. “Junto con Maciel, me dijo que era solicitud del presidente”, reconoció ante la justicia. La gran incognita aquí –ante hechos concretos evidentes– es por qué o por quién el gobierno uruguayo ayudó a un narco de mucho peso. Lo que todos quieren saber ahora es a quién están encubriendo los funcionarios involucrados.