Oficiales judiciales, representantes del Gobierno porteño, familias y el Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzaron un principio de acuerdo por el cual se abriría una mesa de negociación para que, en el plazo de cinco días, se puedan encontrar soluciones alternativas a la situación habitacional de las personas que viven en la denominada Casa Santa Cruz, en el barrio porteño de Parque Patricios, que iban a ser desalojadas este martes.
La novedad fue informada por la abogada de las familias, Iliana Llanos, quien consignó que, ahora, los oficiales de justicia aguardaban el aval del juez nacional de Primera Instancia en lo Civil número 60, a cargo de Fernando Cesari, mientras cerca de 600 personas se encontraban en el edificio, ubico en la calle Santa Cruz 140, acompañando a las familias que resisten el desalojo.
Fuentes de la fuerza de seguridad porteña aseguraron que trabajan cerca de 500 efectivos.
“No se entiende. Si están queriendo que las familias desalojen de forma pacífica, ¿por qué están armando todo esto?. ¿O de pronto les dan miedo 131 niñitos?”, agregó Llanos.
Desde el lunes por la tarde, cuando se realizó un festival y vigilia en apoyo a las 170 familias que viven -algunas- desde 2004 en el edificio ubicado en Santa Cruz 140, un grupo de alrededor de 600 personas resisten al desalojo previsto para este martes.
Afuera del establecimiento acompañan organizaciones y gente de a pie, mientras dentro del edificio de seis pisos se encuentra gran parte de las personas que viven en el lugar.
El jueves pasado, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo prevista para este martes, en el marco de la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil Nro. 60.
Según una resolución dictada el pasado miércoles por el juez Fernando Cesari, el desalojo puede ser de forma “escalonada” y se autorizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales “ante la complejidad del caso”, de considerarlo necesario.
La nueva resolución surge en respuesta a una nota presentada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña.
En ella, la cartera advirtió que “la medida implicaría una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años” debido a “la cantidad de familias que se deben desalojar para hacer cesar la intrusión”, mientras sostuvo que “no se puede garantizar de ningún modo que el desalojo se realice garantizando la integridad de las personas que habitan”.
El edificio donde se emplaza la Casa Santa Cruz es una unidad funcional de la antigua fábrica de toallas Selsa que quebró en la década de los 90.
El ex complejo fabril de seis pisos, que se encontraba “deshabitado y desarreglado” cuando en 2004 algunas familias decidieron ingresar para tener un lugar donde vivir, hoy cuenta con servicio de agua, luz y cloacas, ya que las y los vecinos le pusieron “plata, el pecho y dedicación”, según relataron a esta agencia.
En 2010, cuando la propiedad fue subastada, las familias intentaron presentarse para comprarla, pero no pudieron hacerlo y finalmente fue adquirido por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició un juicio por desalojo.