Las familias de Casa Santa Cruz 140, en el barrio porteño de Parque Patricios, viven con “miedo” y “angustia” ante la incertidumbre de lo que sucederá luego del 31 de octubre, cuando está previsto el desalojo del edificio de seis pisos donde viven 350 personas que se consideran “una comunidad” y del que el Ministerio de Seguridad porteño anticipó que implicará “una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años”.
“Tengo miedo y pena, porque son tantos años que vivimos acá. No sé a dónde voy a ir con mis hijos. Todos los alquileres están caros. Busco pero no me quieren alquilar, porque son muchos chicos o me piden bastante plata y no contamos con ese recurso económico”, compartió a Télam Patricia, quien vive desde el 2007 en el primer piso del edificio ubicado en la calle Santa Cruz 140.
La mujer migró desde Perú hasta la Argentina porque busca “salir adelante para tener un mejor futuro” para sus cuatro hijos, con quienes vive junto a su pareja.
“No puedo dormir porque tengo miedo de que en cualquier momento entre el patrullero y nos saque a todos a la calle. ¿A dónde vamos a ir a parar?”, se preguntó.
El edificio donde se emplaza la Casa Santa Cruz es una unidad funcional de la antigua fábrica de toallas Selsa que en la década de 1990 quebró.
El ex complejo fabril de seis pisos, que se encontraba “deshabitado y desarreglado” cuando en 2004 algunas familias decidieron ingresar para tener un lugar donde vivir, hoy cuenta con servicio de agua, luz y cloacas, ya que las y los vecinos le pusieron “plata, el pecho y dedicación”, según relataron a esta agencia.
Realizarán una vigilia en repudio al desalojo
Este lunes, a partir de las 18, las familias junto a organizaciones y personas que acompañan su reclamo realizarán un festival artístico, con vigilia incluida, ya que convocaron a una concentración para el martes a las 6 frente a la Casa Santa Cruz.
En 2010, cuando la propiedad fue subastada, las familias intentaron presentarse para comprarlo, pero no pudieron hacerlo y finalmente fue adquirido por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició un juicio por desalojo.
“Pedimos por favor que se trate de entender que no queremos que nos regalen nada. Obviamente no podemos pagar las cifras exorbitantes que hay ahora para un alquiler, pero estamos dispuestos a dar de lo que está en las posibilidades de cada uno”Yesenia
La intensa luz del mediodía ingresa este sábado por los ventanales de cada piso del edificio, donde las y los vecinos se congregan para conversar, o sacan la ropa mojada para que se seque en ténderes, mientras otros bajan con bolsones de mercadería, que buscan vender durante la jornada.
“Este edificio no es nada de lo que se encontró. Estaba todo desarreglado, quemado, se encontraban ratas. Cuando yo llegué solamente había una canilla abajo en el primer piso con la que cargábamos nuestros baldes. Con los vecinos empezamos a coordinar, a hacer el tema de la luz y pedir la cloaca para vivir bien más que nada”, contó Patricia.
Al igual que el resto de las 170 familias que viven en el edificio, la mujer construyó su “cuartito” con un baño y un altillo en los años que lleva habitando el lugar.
Fanny tiene 41 años y vive hace 16 en la Casa Santa Cruz, a donde llegó junto a su hija que en aquel momento tenía menos de un año y hoy es ya una adolescente.
“No me gustaría irme de acá realmente. Sería muy difícil el cambio de vida. Estuve toda mi vida acá. Irme y dejar todo tirado no me gustaría. Además están mis amigos”, compartió Francesca, la hija de Fanny, que se encuentra en el tercer año de la secundaria.
Las familias no solo habitan el edificio hace años, sino también el barrio en donde trabajan, estudian, conocen a sus vecinos o atienden su salud.
Giorgio contó que sus hijos de 8 y 12 años asisten a la escuela que se ubica a una cuadra de su casa y además “van a la plaza, tenemos cerca los hospitales, que nos ayudan bastante porque tienen su doctora de cabecera que las atiende siempre”.
“Yo soy diabética, insulinodependiente tipo 1, me atiendo acá en el CeSAC 10. La gran mayoría de acá vamos ahí a atendernos. Mi hijo hace sus terapias en el Garrahan desde que nació. Irnos a otro lado es también no saber qué va a pasar con él”, contó Yesenia, que vive junto a su pareja y un hijo de 12 años con discapacidad.
Tampoco quieren irse de Casa Santa Cruz, los hijos de Haydée, una mujer de 42 años, también migrante, que viajó a la Argentina porque se encontraba sola con su hija en Perú y “no tenía el apoyo del papá”.
“El que tiene 10 años ya toma conciencia de todo. Me dice que si nos vamos de acá nos vayamos con sus amiguitos que viven al lado porque ellos crecieron juntos. Este es su hogar”, dijo Haydée, que no puede evitar llorar mientras relata lo que vive.
Las y los vecinos de Casa Santa Cruz se sienten “una familia” y juntos conformaron la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco.
“Nos acostumbramos a ser como una familia. Compartimos muchas cosas: cuando hay algún cumpleaños o una fiesta festejamos en el patio. Siempre estamos reunidos y conversamos mucho”, graficó Haydeé.
Sin embargo, la angustia y la intranquilidad marcan el rostro tenso de las personas que viven en la Casa desde que el jueves pasado fueron notificadas de la orden de desalojo prevista para el próximo martes, en el marco de la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil Nro. 60.
Según una resolución dictada el pasado miércoles por el juez Fernando Cesari, el desalojo puede ser de forma “escalonada” y se autorizó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales “ante la complejidad del caso”, de considerarlo necesario.
La nueva resolución surge en respuesta a una nota presentada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña.
En ella, la cartera de Seguridad advirtió que “la medida implicaría una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años” debido a “la cantidad de familias que se deben desalojar para hacer cesar la intrusión”, mientras sostuvo que “no se puede garantizar de ningún modo que el desalojo se realice garantizando la integridad de las personas que habitan”.
“Es terrible no saber lo que va a pasar. Tengo cuatro niños: el mayor tiene 10 años, la otra 9, y el otro 2 y medio, es un bebé. No sé qué les puede pasar”, expresó Haydée, con una preocupación que es compartida por el resto de las y los vecinos ya que en el lugar viven al menos cien niñas y niños.
Rosa Herrera, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos que patrocina a las familias, informó a Télam que presentaron un amparo en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 17, secretaría 34, de la Ciudad de Buenos Aires para “garantizar la vivienda digna de las familias”, pero el juez Marcelo Segon “aún no se expidió de forma definitiva sobre el tema”.
“Pedimos por favor que se trate de entender que no queremos que nos regalen nada. Obviamente no podemos pagar las cifras exorbitantes que hay ahora para un alquiler, pero estamos dispuestos a dar de lo que está en las posibilidades de cada uno”, destacó Yesenia.
