Dos exfuncionarios judiciales comenzaron a ser juzgados este viernes en Neuquén por su participación en secuestros y torturas de una veintena de personas durante la última dictadura. En aquellos años, desde sus cargos de juez y fiscal, respectivamente, Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz omitieron investigar delitos de lesa humanidad que les fueron denunciados y actuaron irregularmente en trámites por pedidos de hábeas corpus, según la acusación de la Fiscalía. Son los primeros operadores del Poder Judicial cómplices del terrorismo de Estado en ser juzgados en la provincia.
El Tribunal Oral Federal de Neuquén inició hoy por la mañana el debate oral y público, el octavo de lesa humanidad que se lleva a cabo en Neuquén, con la lectura de las acusaciones contra Duarte y Ortiz que realizó la Fiscalía durante la instrucción de la causa.
Los imputados deberán responder por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad que sufrieron unas 23 personas secuestradas y torturadas en La Escuelita y otros centros clandestinos y unidades penales que funcionaron en Neuquén durante la dictadura genocida. Quince de ellas aún permanecen desaparecidas. Específicamente, se revisará la actuación de ambos en los expedientes judiciales iniciados entre 1976 y 1983 por los familiares de Orlando Cancio; Milton Gómez; Teresa Oliva; Enrique Esteban; José Delineo Méndez; Susana Mujica; Darío Altomaro; Alicia Pifarre; Josefa Leppori de Mujica; Miguel Ángel Pincheira; Javier Octavio Seminario Ramos; Raúl Esteban Radonich; Oscar Alfredo Ragni; Arlene Seguel; Carlos Chaves; César Dante Giliberto; Mirta Felisa Tronelli; Cecilia Vecchi; Lucio Espíndola; y Carlos Schedan. También de la pareja que conformaron Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero, y del hijo de ambos que nació en cautiverio en La Escuelita de Bahía Blanca.
Antes del inicio formal del juicio, por pedido de la Fiscalía y de las querellas de la APDH y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), el TOF tomó durante los meses previos testimonio a algunos testigos mayores de edad. Así, en junio declaró Noemí Labrune, histórica dirigente de la APDH neuquina, sobre las denuncias realizadas por el organismo ante la Justicia Federal en tiempos de dictadura. Labrune falleció el mes pasado, aquel fue su último testimonio.
Justicia cómplice
Duarte fue designado juez federal de primera instancia en Neuquén a fines de julio de 1976 para reemplazar a Carlos Ramón Arias, asesinado a mediados de marzo de aquel año en un atentado que vinculan con la Triple A. Durante un tiempo, Arias fue subrogado por quien fuera defensora de ese fuero, María Beatriz Cozzi, quien fue cesanteada en mayo de aquel año: tras el regreso de la democracia, Cozzi denunció que su desplazamiento así como la asunción de Duarte fueron promovidos por el Ejército.
El flamante magistrado aterrizó en el despacho federal directo desde el Ejército, donde ejerció como auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén.
Ortiz, por su parte, fue designado como fiscal federal en septiembre de 1976. Hasta entonces, era secretario del Juzgado Federal neuquino. Ambos se mantuvieron en esos puestos hasta 1984 y 1985, respectivamente.
El Ministerio Público Fiscal solicitó que se los comience a investigar a fines de 2012, a partir de la denuncia de dos sobrevivientes, Onofre Mellado y Cecilia Maliqueo, quienes señalaron que “durante el gobierno de facto en vigor entre los años 1976 y 1983, Duarte y Ortiz habrían prestado una colaboración indispensable al personal militar, de policía local, federal y penitenciario, para la comisión de delitos tales como detenciones ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos y desaparición forzada de personas con eliminación física”, indica el pedido de elevación a juicio oral.
Mellado, quien será testigo en este debate, denunció a fines de agosto pasado al candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, por incitación a la violencia, según informó el diario La Mañana de Neuquén.
De acuerdo con la acusación fiscal, el exjuez y el exfiscal realizaron aportes concretos al capítulo neuquino del plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio desplegado y concretado en todo el país por las Fuerzas Armadas y de seguridad. ¿De qué manera? A partir de “asignarle cobertura judicial” a los crímenes que conformaron ese plan “impidiendo el avance de las investigaciones”, puntualiza el requerimiento elaborado por Miguel Ángel Palazzani, fiscal general a cargo de la Unidad de asistencia para las causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Neuquén.
Para Palazzani, quien también es fiscal en el juicio, Duarte y Ortiz “tenían conocimiento de los operativos que se estaban desarrollando en el marco de la denominada ‘lucha antisubversiva’ dentro de la órbita de la Subzona 52 con sede en el Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén”, área represiva en donde estuvo comprendida la provincia.
Entre las pruebas que conformaron la acusación figuran el hecho de que el desplazamiento de Arias y la designación, tanto de Duarte en su puesto como de Ortiz en la Fiscalía estuvieron a cargo del general José Luis Sexton, entonces comandante de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén. Aquel lugar, epicentro del terrorismo de Estado que barrió con la militancia política y gremial en la provincia y zonas aledañas, era visitado por el exjuez y el exfiscal, según declararon testigos en la instrucción.
Duarte y Ortiz incumplieron con sus deberes de funcionarios públicos, indica la acusación. “Habiendo tenido la obligación de brindar protección a las víctimas ante el menoscabo de sus derechos humanos”, omitieron “promover la persecución y la represión de los ilícitos que les fueran denunciados, justificando en muchos casos tales delitos a través de resoluciones basadas en hechos falsos, como así también con posterioridad a ello, mediante un accionar ulterior, simplemente dirigido a garantizar la impunidad de estos crímenes de lesa humanidad”, resumió el Ministerio Público Fiscal.