El fondo de inversión inglés Burford, querellante en la causa por la expropiación de YPF, apeló el fallo de la jueza Loretta Preska que había determinado la absolución de la petrolera de bandera en marzo pasado. Con esta jugada, Burford pretende acercarse a la posibilidad de embargar valiosos activos de la compañía en el exterior, como forma de cobrarse la enorme sentencia que definió la jueza en contra del país. En una nota enviada a la Bolsa porteña, YPF comunicó que “continuará defendiéndose conforme el procedimiento legal aplicable” en el juicio que se lleva adelante en Estados Unidos.
En cambio, la misma magistrada, responsable del distrito sur de Nueva York, determinó que el Estado argentino debe indemnizar a los demandantes por un monto de 16 mil millones de dólares, ante la supuesto daño patrimonial a raíz de una defectuosa expropiación de la empresa YPF, realizada en 2012. Por su parte, la Argentina presentó pedidos de apelaciones sobre todas las decisiones de Preska.
Ante la novedad en sede judicial, las acciones de YPF registraron pérdidas de hasta el 6 por ciento. Este derrumbe arrastró a todas las demás empresas argentinas que cotizan en el exterior, con especial impacto en los papeles de Edenor y de Cresud. La mala noticia para YPF se sumó al nerviosismo preelectoral y la toma de ganancias, factores que se combinaron para afectar la jornada financiera para las empresas locales.
Jugadas
Días atrás se conoció la decisión argentina de apelar los cinco fallos que emitió la jueza Preska durante los ocho años de litigio contra la Argentina por la estatización de YPF. De por sí, esto demorará varios meses la efectivización de la condena que obliga al Estado a pagar los 16 mil millones de dólares al fondo buitre Burford.
Argentina notificó a la jueza que utilizará la primera de las dos instancias de apelación con las que cuenta (la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos) para rever el caso. Pero dicho movimiento no solo abarca al último fallo firme del 15 de septiembre, que le puso la cifra de 16.100 millones de dólares, sino que también se posa sobre las otras decisiones que la jueza fue dictando en los ocho años desde que empezó el litigio.
Es decir, el país también cuestiona el fallo inicial de la jueza en septiembre de 2016, una segunda decisión en junio del 2020, cuando rechazó el planteo del Gobierno de tramitar la demanda en Argentina y no en la justicia de Nueva York; un tercero de marzo de 2023, en que eximió a YPF pero culpó a la República por no respetar las leyes en el proceso por el que expropió el 51 por ciento de Repsol en YPF; y uno de mayo de 2023 en el que rechazó un pedido de reconsideración de la demanda.
Precisamente, el fallo de marzo de 2023, aquel que liberó de culpas a YPF y que concentró la responsabilidad sobre la República, es el que ahora también apela Burford. “Como era de esperar, los demandantes en el caso por la expropiación de YPF presentaron la apelación intentando incorporar nuevamente a YPF en el caso. Ellos ya habían dicho que iban a apelar la absolución de YPF si Argentina apelaba, algo que ocurrió la semana pasada”, detalló Sebastián Maril, de Latin Advisors.
“No sabremos si YPF vuelve al caso hasta que se exprese la corte de apelaciones, algo que sucederá entre 9 y 12 meses. Burford busca ejecutar activos de la empresa y de esa manera cobrar el juicio. Creen que los activos de la petrolera son más y de más valor que los que tiene el Estado en el exterior. El caso seguirá en la corte de apelaciones”, describió el especialista. La estrategia de Burford es volver a salpicar a YPF como para meter presión para acercarse a una resolución a su favor.
Burford lleva adelante el juicio por la estatización de YPF porque adquirió el derecho a litigar del grupo Petersen, exaccionista de la petrolera junto a la española Repsol, y también el del fondo Eton Park. El eje de la demanda es que, de acuerdo a los demandantes, el Estado argentino tendría que haber lanzado una oferta por toda la compañía cuando en 2012 expropió (y luego pagó) la parte de Repsol. Alegan que los accionistas minoritarios salieron perjudicados porque no se realizó esa oferta pública de acciones, contemplada en el estatuto de la petrolera de bandera.