El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chubut tiene plazo hasta fines de este mes para concluir el sumario interno que le inició al exadministrador de esa corte provincial, Héctor Capraro, por el cobro de tasas de justicia por montos multimillonarios, un hecho que podría terminar en el fuero penal.
“Fui designado sumariante por mis pares y tenemos plazo hasta el 30 de octubre para terminar con la tarea que puede quedar en el plano administrativo o ser derivado al fuero penal”, explicó a Télam el ministro del STJ chubutense, Daniel Báez.
La investigación se inició tras conocerse las negociaciones que Capraro realizó en persona por la sucesión tramitada en el expediente “Jones Hugo Atilio c/Neuman, Ernesto Howell y otro s/ división de condominio”.
Se trata de un intrincado proceso sucesorio por un consorcio de campos en una exclusiva zona de la cordillera, trámite que, en principio, el juez había fijado en 18 millones de pesos y el administrador de la corte provincial había dispuesto que sean poco más de 10 millones, lo cual despertó sospechas por la diferencia.
La tasa de justicia es un monto que determina el juez interviniente y no existe acordada que le otorgue poder de negociación al administrador del STJ.
El caso se conoció cuando uno de los jueces le pidió que deje sentado por escrito el pedido para que merme la tasa y el ex funcionario lo hizo, dejando una prueba administrativa clave.
En simultáneo con el inicio del sumario, Capraro renunció al cargo argumentando cuestiones personales y el hecho de haber comenzado el trámite jubilatorio, lo cual llamó la atención porque hacía varios años que estaba en edad de acogerse a ese beneficio.
El abogado Capraro, a quien se conocía como “el séptimo ministro del Superior Tribunal de Justicia” , fue en los años 90 subsecretario de Gobierno durante la gestión de Carlos Maestro; luego, ministro de Economía en el Gobierno de José Luis Lizurume; y, finalmente, se sumó al Tribunal Superior provincia.
Entre sus funciones estaba la de ejecutar el presupuesto destinado a ese poder por un monto cercano a los 35.000 millones de pesos.
La investigación también alcanza a la responsable del área Tasas de Justicia, Ligia Pérez, a quien se le allanó este fin de semana su vivienda particular tras la denuncia que realizó un empleado que observó a la funcionaria suspendida en su cargo ingresando a su ex despacho desde donde sacó documentación.
“Enterado de los dichos de un empleado, realicé la denuncia pertinente. Tengo entendido que actuó la fiscal de Rawson que tiene jurisdicción y la jueza Karina Breckle autorizó el allanamiento, eso es todo lo que tengo por confirmar”, explicó Báez.