La inseguridad urbana es un tema que preocupa a la sociedad toda. Ello lo convierte en un tema de campaña electoral. Los candidatos acomodan sus propuestas haciendo equilibrio entre lo que piensan y lo que suponen que quiere escuchar la ciudadanía, ávida por vivir segura. Mostrando la inconsistencia de sus pensamientos y propuestas, dicen y se desdicen sucesivamente.
Durante el segundo debate presidencial Patricia Bullrich cruzó a Javier Milei señalándole con tono acusatorio que él sostenía la libre portación de armas.
La verdad es que tanto Bullrich como Milei, en reiteradas ocasiones, se pronunciaron públicamente a favor de que cualquier persona ande armada.
La candidata de Juntos por el Cambio lo hizo en noviembre de 2018, mientras era ministra de Seguridad del gobierno macrista. En aquella ocasión afirmó con énfasis: “El que quiera estar armado, que ande armado. Argentina es un país libre.”
El candidato de La Libertad Avanza, más cerca en el tiempo, respaldó la misma posibilidad. El año pasado señaló: “Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que se lo prohíban la usan igual. Aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia”, y este año dijo: “Aquellos Estados que tienen libre portación tienen menos delitos”.
Parecería que Bullrich y Milei desconocen el tema sobre el cual, con temeridad manifiesta y bravuconamente, se expresaron.
En la Argentina hay hoy más de 1.600.000 armas registradas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Y se estima que existen una cantidad similar de armas ilegales.
Teniendo en cuenta que en todo el país hay alrededor de 12.000.000 de viviendas, estamos cerca de que haya un arma cada tres viviendas.
La mayoría de las personas que deciden tener un arma en su casa lo hace para defensa personal, por temor a ser víctima de un delito. Pero lejos de cumplir ese cometido, es frecuente que el arma adquirida termine siendo usada en homicidios cometidos en enfrentamientos entre familiares o vecinos, asesinatos en ocasión de riña y accidentes entre niños y jóvenes.
La persona que con un arma intenta resistir un robo es matada en el 77% de los casos.
Y más de un tercio de los femicidios se lleva a cabo con armas de fuego, lo que demuestra que el ejercicio de la violencia armada se esconde en los viejos modelos de dominación patriarcal.
Revertir este panorama, haciendo exactamente lo contrario a lo que han sostenido Bullrich y Milei, es una de las medidas esenciales de una política orientada a frenar la violencia y uno de los ejes de las modernas estrategias de seguridad.
La violencia armada afecta a la seguridad pública, en tanto condición indispensable para el desarrollo sostenible, y por ello impide el goce pleno de los derechos humanos.
Hoy vuelve a ser necesario retomar una fuerte campaña pública de concientización bajo el lema principal de prescindir totalmente de las armas.
Además de insistir, mediante campañas permanentes, en la generación de un cambio cultural relativo al rol de las armas en la sociedad y exponer los enormes riesgos que conlleva su tenencia, se hace imprescindible generar políticas públicas de fuerte y amplio impacto -pienso lisa y llanamente en prohibirlas- porque la aspiración no debe ser controlar el mercado de armas lo mejor posible, sino hacerlo desaparecer por completo.
Por Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).