El fusilador Roberto Guillermo Bravo sigue teniendo suerte en los tribunales estadounidenses. Asentado allí poco después de haber protagonizado la masacre de la base Almirante Zar de Trelew en agosto de 1972, el marino retirado consiguió nuevamente un fallo que rechaza la extradición a la Argentina para que sea juzgado por la matanza de 16 presos políticos.
La decisión de denegar nuevamente la extradición fue tomada por el juez Edwin Torres. Si bien el magistrado consideró creíble la evidencia aportada por el gobierno argentino, entendió que no correspondía extraditar a Bravo porque se lo busca por un “delito político”, una categoría que no está contemplada en el tratado de extradición entre la Argentina y los Estados Unidos. “Los eventos tuvieron lugar en medio de una violenta rebelión política”, afirmó en su fallo, haciendo propia la versión de Bravo.
Para la justicia argentina, la masacre de Trelew es un crimen de lesa humanidad. La Armada Argentina decidió fusilar a 19 presos políticos que habían quedado bajo su custodia. Una semana antes, el 15 de agosto de 1972, estos 19 militantes habían logrado fugarse del penal de Rawson, pero, a diferencia de quienes eran parte de las dirigencias de Montoneros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Partido Revolucionario del Pueblo (PRT)- Ejército Revolucionario de Pueblo (ERP) no llegaron a tiempo para subirse al avión que partió rumbo al Chile de Salvador Allende.
Humillada, la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse los recluyó en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew. Una semana después de la fuga, la Armada decidió fusilarlos a sangre fría. En la madrugada del 22 de agosto de 1972, los marinos entraron, los obligaron a salir de las celdas y abrieron fuego. Después de la masacre, la dictadura de Lanusse presentó lo sucedido como la respuesta a un nuevo intento de fuga. Curiosamente, los marinos no habían tenido ni un rasguño y del lado de los militantes había 16 muertos y tres malheridos. María Antonia Berger, Ricardo René Haidar y Alberto Camps sobrevivieron y denunciaron la matanza.
Desde 2008, los tribunales argentinos reclaman la extradición de Bravo, que fue enviado por la Armada a Estados Unidos como parte de la protección que se les dio a quienes intervinieron en la masacre. En 2010, el juez Robert Dube rechazó la pretensión de las autoridades argentinas. Bravo sostiene desde entonces en que enfrenta una acusación política y que sus crímenes quedaron contemplados en la amnistía de 1973.
En 2019, el gobierno argentino volvió a insistir con el reclamo. Sostuvo que había una sentencia judicial que consideró responsables a todos los acusados por la masacre de Trelew y que ésta había sido confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. El juez Edwin Torres entendió que el gobierno argentino estaba facultado para hacer una nueva presentación, pero volvió a aferrarse a la doctrina del “crimen político” para no mandar a Bravo.
A priori, la decisión del juez no es apelable. Claret Vargas, abogada del Center for Justice and Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas), se mostró sorprendida por la decisión del juez Edwin Torres ante la consulta de Página/12. “Estamos evaluando de qué manera adicional podemos asistir a los familiares para que, a fin de cuentas, puedan lograr justicia”, anticipó.
Un fusilador en fuga
En 1973, el entonces teniente Bravo llegó a la embajada de los Estados Unidos como agregado militar. Seis años después, en 1979, pidió la baja de la Armada. Mientras estuvo en actividad aprovechó para forjar su relación con las fuerzas armadas estadounidenses e hizo cuanto curso pudo: infantería avanzada, asalto aéreo o reconocimiento anfibio con el Cuerpo de Marina. Esas destrezas, en general, no son para alguien que colgó los botines –o, en su caso, la ametralladora–, lo que generó suspicacias sobre si Bravo puede haber vuelto durante la dictadura o si pudo haber incursionado en la represión en Centroamérica.
El 24 de marzo de 1980 –al cumplirse el cuarto aniversario del golpe– recibió una buena noticia: tenía la residencia permanente en los Estados Unidos. En septiembre de 1987, ya era ciudadano estadounidense. Para entonces, ya llevaba cinco años viviendo en Miami. Durante estas décadas, Bravo aparentemente volvió en dos oportunidades a la Argentina: en 1985, de vacaciones y en 1990, cuando murió su madre.
Por más de 35 años, Bravo fue un misterio para la Justicia argentina. En 2008, una investigación del periodista Diego Martínez en este diario probó que estaba en Miami y dedicado a los negocios. Presidió el RGB Group –que brindaba servicios a las fuerzas estadounidenses–, el RLM Services Inc, el One Fountainhead Center LLC –un negocio inmobiliario– y se dedicó también a la encuadernación a través de la firma Stafford Bookbinding Inc, algo que destacó su abogado defensor para pedir que Bravo esperara la decisión sobre la extradición en su casa. Para ello, Bravo pagó una fianza de un millón de dólares y, junto con sus tres hijos, dos sobrinos y dos amigos, aportaron propiedades por 4.327.000 dólares como garantía.
En octubre de 2020, cuatro familiares de las víctimas de la masacre de Trelew presentaron una demanda civil –que no prevé penas de cárcel– en Estados Unidos bajo la ley de Protección de las Víctimas de la Tortura, que permite denunciar ante las cortes norteamericanas a los responsables por tormentos o ejecuciones extrajudiciales en otras partes del mundo. El año pasado, Bravo debió sentarse –por primera vez– ante un tribunal para hablar de la masacre de Trelew. Y no le fue bien: un jurado popular lo encontró culpable de las ejecuciones extrajudiciales.