La Corte Suprema de Justicia rechazó recursos en los que la vicepresidenta Cristina Kirchner pedía el apartamiento de magistrados en distintas causas penales.
En una de ellas, relacionada con la concesión de obras públicas, la Vicepresidenta había recusado a los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, quienes el 31 de agosto de 2018 y a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) dispusieron que se convocara a Cristina Kirchner a declaración indagatoria.
El planteo fue rechazado por el también camarista federal Leopoldo Bruglia, lo que originó un recurso de casación, que el máximo tribunal penal del país rechazó porque lo impugnado no era una sentencia definitiva o equiparable a tal.
La defensa llegó hasta la Corte, que con ese mismo argumento desestimó el recurso: el fallo fue firmado por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y los ministros Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
Otro fue el argumento para desestimar las recusaciones que la titular del Senado y del senador nacional Oscar Parrilli presentaron contra el magistrado de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Geminiani en la causa del memorándum de entendimiento con Irán.
Contra el fallo de Casación que había rechazado los pedidos para que Geminiani fuera apartado de esa causa, las respectivas defensas llegaron con sendos recursos a la Corte.
Pero el máximo tribunal, nuevamente con las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, consideró que los recursos de Parrilli y de Cristina Kirchner no cumplían las formalidades y recaudos que, para ese tipo de presentaciones, impone la Acordada 4/2007.
El otro planteo que llegó a la máxima instancia se vincula a la investigación sobre un posible ocultamiento de documentos históricos tras el hallazgo en una vivienda de la Vicepresidenta de una carta manuscrita original del 26 de diciembre de 1835, con la firma de José de San Martín que había sido enviada a Bernardo de O’Higgins.
También se encontró un documento oficial que puede describirse como una suerte de ‘prontuario’ del líder radical Hipólito Yrigoyen con las actividades que realizó entre 1906 y 1910.
Según difundieron desde la Corte, “esos documentos fueron secuestrados en un allanamiento en el marco de la causa 9608/2018, mediáticamente conocida como ‘Cuadernos’, en el inmueble ubicado en la intersección de las calles Padre de Agostini y Los Tehuelches, en El Calafate, Santa Cruz”.
El operativo realizado en setiembre de 2018 fue ordenado por el fallecido juez federal Claudio Bonadío, recusado por Cristina Kirchner, pero el magistrado murió el 4 de febrero de 2020, un día después de que el pedido de apartamiento llegara a la Corte.
Por ese motivo, el máximo tribunal consideró que se trataba de una cuestión “abstracta”.