El presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó a ser juzgado este lunes por fraude en un tribunal de Nueva York y denunció el proceso, que podría costarle la Torre Trump y otras propiedades, como un intento de frustrar su reelección en los comicios del año próximo.
“Esto tiene que ver con interferencia electoral, simple y llanamente. Están tratando de perjudicarme, para que no me vaya tan bien en la elección como me está yendo”, dijo Trump a periodistas dentro del edificio del tribunal.
“La razón por la que fue procesado es porque me postulé otra vez a presidente”, agregó el magnate inmobiliario republicano, que ya tiene abiertas cuatro causas penales, además de esta, que pertenece al fuero civil.
Trump, de 77 años, que lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones de 2024, es juzgado junto a dos de sus hijos y directivos de su compañía Trump Organization, todos acusados de haber inflado durante años el valor de sus activos inmobiliarios.
El expresidente de 77 años y sus abogados dieron a entender que podría asistir al menos a los dos primeros días de juicio en la Corte Suprema de Nueva York.
Si bien no puede ser condenado a prisión por esta acusación, este juicio será un anticipo de una serie de casos legales que podrían perturbar su campaña por la nominación republicana para las presidenciales.
El multimillonario está inculpado penalmente en cuatro casos diferentes, que por el momento no han repercutido en su popularidad entre las bases republicanas.
Está previsto que comparezca ante un tribunal federal de Washington el 4 de marzo para responder de las acusaciones de haber intentado desde la Casa Blanca revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que ganó Joe Biden.
A continuación, volverá a sentarse en un banquillo en Nueva York por fraude contable, y después en Florida por su negligente manejo de documentos confidenciales tras dejar la presidencia.
Un duro golpe
El juicio que comienza este lunes adquirió de repente una importancia considerable la semana pasada cuando el juez Arthur Engoron, que lo preside, dictaminó que se había demostrado la existencia de “fraude continuado” y que la fiscalía general del Estado de Nueva York ya había demostrado que Donald Trump y los directivos de su grupo habían “sobrevalorado” su patrimonio entre 812 millones y 2.200 millones de dólares de 2014 y 2021.
En consecuencia, el juez ordenó la revocación de los permisos comerciales en el estado de Nueva York de Donald Trump y de dos de sus hijos, Eric y Donald Jr, vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, así como la confiscación de las empresas objeto de la demanda, que se confiarán a liquidadores.
De aplicarse, estas sanciones supondrían “un duro golpe para la capacidad de Donald Trump de hacer negocios en el estado de Nueva York“, según Will Thomas, profesor de derecho mercantil en la Universidad de Michigan.
Donald Trump, que amasó su fortuna en el sector inmobiliario y los casinos en los años 80 y prometió dirigir Estados Unidos como sus empresas, perdería entonces el control de varios de los edificios emblemáticos de su grupo, como la Trump Tower, en la 5ª Avenida de Manhattan.
Estas propiedades están en el centro de las acusaciones de la fiscal Letitia James: la superficie del apartamento del empresario en la Torre Trump se triplicó y el edificio del número 40 de Wall Street se sobrevaloró entre 200 y 300 millones de dólares en los estados financieros.
La lujosa residencia Mar-a-Lago de la Organización Trump en Florida y varios campos de golf también aparecen en el dosier. La fiscal también solicita el reconocimiento de otras infracciones a la legislación financiera y una multa de 250 millones de dólares.
Trump siempre rechazó las acusaciones y ataca insistentemente a la fiscal James, una demócrata afroamericana a la que ha calificado de “racista”, y contra el juez Engoron, al que califica de “trastornado”.
En su plataforma Truth Social, ha defendido que los bancos prestamistas han sido reembolsados “en su totalidad, con intereses, sin impagos y sin víctimas”. La defensa también pretende luchar con uñas y dientes sobre la valoración de los activos.
El juicio promete ser bastante técnico, y se espera que declaren decenas de testigos, entre ellos tres de los hijos de Trump, Eric, Donald Jr e Ivanka, que inicialmente fue objeto de la denuncia, pero finalmente no fue inculpada, y el exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, que cumplió condena en prisión tras declararse culpable de fraude fiscal en otro caso contra el grupo.